El semanario La Directa tiene una larga trayectoria fiscalizando todo lo que tiene que ver con las cuerpos de seguridad. Sus coberturas de casos como el de Patricia Heras o el de Esther Quintana y las balas de goma han sido decisivas. Ahora, y en torno a este caso de corrupción policial, La Directa vuelve a ir más allá de lo que explican los grandes diarios de la ciudad. A lo largo de los últimos días La Directa ha publicado algunas de las conversaciones intervenidas a lo largo de la investigación. Unas conversaciones que parecen sacadas del guión de Torrente. Harían gracia si no fuera una realidad extremadamente preocupante.

A.D.F. · Todo comenzó a finales de 2013 cuando una ex trabajadora de un prostíbulo de Barcelona denunció que los dueños de varios locales drogaban los clientes para robarles. A raíz de esta denuncia se pusieron en marcha las investigaciones que han dejado al descubierto una trama donde están implicados empresarios del ocio nocturno, agentes de policía y, incluso, altos mandos de la Guardia Urbana de Barcelona.

Teléfonos pinchados

En una primera fase de la investigación el juzgado 10 de Barcelona pinchó los teléfonos de varios empresarios y descubrió una presunta red de blanqueo de dinero procedente de dos locales de prostitución: el Night Club y el Fuego. El propietario de estos dos locales es Juan Balcells. A raíz de este descubrimiento Balcells y su socio, Carlos Caballero, fueron detenidos.

Alerta: inspección

Pero aparte del blanqueo de dinero, las conversaciones telefónicas interceptadas permitieron descubrir las estrechas relaciones de los empresarios con varios agentes y mandos de la Guardia Urbana de Barcelona.

Así, un cabo y tres agentes del cuerpo fueron arrestados bajo la acusación de haber alertado a los dueños de los prostíbulos de futuras inspecciones a cambio de dinero. Pero las escuchas telefónicas permitieron descubrir que los contactos con la Guardia Urbana no se limitaban a simples cabos y agentes sino que llegaban a altos puestos de mando.

Hermanos policía

Es el caso de Jesús H., máximo responsable de la División de Coordinación y de su hermano, Agustín H., mando de la Unidad Nocturna Operativa que han sido imputados por supuestos tratos de favor a uno de los prostíbulos investigados. Según el sumario, los mandos ayudaron Carlos Caballero solucionar unos trámites municipales relacionados con la instalación de un aparato de aire acondicionado de grandes dimensiones que necesitaba cortar la calle. Las investigaciones también recogen las gestiones que habrían hecho los dos hermanos ante las quejas de Caballero sobre una furgoneta policial que rondaba sus locales. Un “problema” para el que los dos hermanos hecharon “una mano”.

Conversaciones comprometedoras

Hasta ahora la investigación ha dado como resultado una veintena de imputados, entre ellos 5 miembros de la Guardia Urbana y no se descartan más actuaciones en las próximas semanas ya que las conversaciones intervenidas ofrecen un escenario muy preocupante. En los últimos días el semanario La Directa ha hecho públicas algunas de estas conversaciones (ver recuadro) más propias de la saga Torrente que de un cuerpo policial serio.

Por Albano Dante Fachin Pozzi (Twitter @_cafeambllet) · Una reflexión en torno a esta notícia: «PP, PSOE, UPyD i CIU unidos en favor de un tratado negociado en secreto entre la UE y los EEUU»

En la primera página del Acuerdo de Legislatura firmado por ERC y CiU se puede leer:

“El mandato del pueblo de Cataluña expresado en las elecciones del día 25 de noviembre ha sido claro: un liderazgo compartido y plural para ejercer el derecho a decidir y para buscar alternativas políticas, económicas y sociales para salir de la crisis»

A partir de aquí CiU ha malversado el sentido profundo del concepto ‘derecho a decidir’ a la vez que desarrollaba sus políticas antisociales.

Cualquier persona con un mínimo sentido de la democracia difícilmente se puede posicionar en contra de que sean los ciudadanos los que decidan sobre lo que afecta sus vidas. Pero justamente por eso, cualquier persona con un mínimo de sentido democrático tiene que levantar la voz cuando este principio es traicionado. Y CiU lo ha traicionado.

El pasado 6 de mayo en el Congreso CiU se unió al PP, al PSOE y a UPyD para votar en contra de hacer un referéndum sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés).

Este tratado es, sin duda, una de las mayores amenazas a la democracia (y al derecho a decidir) que se ha vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El TTIP es el final de trayecto de un camino iniciado por los grandes poderes financieros e industriales para situarse definitivamente por encima de cualquier intento de control por parte de los órganos democráticos.

Votar a favor del TTIP es arrinconar la democracia y votar en contra de hacer un referéndum sobre este tema es la prueba definitiva de que CiU (al igual que el PP, el PSOE y UPyD) considera a los ciudadanos como menores de edad. Su oposición a que los ciudadanos puedan votar demuestra que para CiU el legítimo e inalienable derecho a decidir es sólo una herramienta política al servicio de sus intereses de clase.

Por eso, aquellos que creen en el derecho a decidir están obligados a denunciar aquellos que sólo ven en este derecho una herramienta para usar a su favor y contra los intereses de todos. Por suerte las voces que piden “decidir todo” cada vez son más. En Cataluña, en Canarias, en Madrid o en el barrio de Gamonal.

Unas voces imprescindibles ante aquellos que, como CiU, nos proponen un derecho a decidir que, por acotado, es inútil incluso para lo que sí pretenden someter a consulta. Unas voces imprescindibles frente a aquellos que pretenden una moratoria entre lo que se puede decidir ahora y lo que se puede decidir después. “Primero esto, luego ya veremos” … y después ya será tarde. La historia nos lo enseña.

Josep Fontana -catedrático emérito de Historia de la UPF y Cruz de San Jorge- explica en su libro “Por el bien del Imperio” un episodio histórico que habría que tener muy en cuenta en este tiempo y en este país:

“Mientras Inglaterra consultaba a los africanos en torno a las posibles reformas políticas -sin ninguna prisa para llevarlas a cabo- se tomaban grandes decisiones sobre su economía, que afectarían su desarrollo en el futuro, sin tener en cuenta la su opinión”.

La firma del TTIP no es un hecho que podamos decidir “después”. La maquinaria para imponer este tratado contra la voluntad de millones de personas en toda Europa y los Estados Unidos está en marcha y no contempla en ningún caso el “derecho a decidir” de los pueblos. La intención de sus impulsores, las grandes multinacionales globales –que se han hecho con el control de las negociaciones– es aprobar el tratado antes de que acabe el año 2015.

Por eso, cuando se habla de “decidir todo” hay que tener claro que no estamos ante una expresión de deseo sino de un imperativo insoslayable.

En este artículo analizamos en profundidad el impacto del TTIP sobre la democracia, la soberanía y el derecho a decidir. Y todo indica que si se nos niega la posibilidad de decidir sobre este tema, una hipotética independencia de Cataluña sería tan ficticia y tan inútil como la independencia de ciertas colonias africanas.

PP, PSOE, UPyD i CIU unidos en favor de un tratado negociado en secreto entre la UE y los EEUU

El día que CiU, PP, PSOE y UPyD se unieron para evitar que la ciudadanía pudiera decidir sobre su futuro económico, ningún periódico hizo mención en su portada y la noticia tampoco abrió ningún telediario. Pero los hechos son reales, tuvieron lugar el 6 de mayo de 2014 y ahora os explicaremos las enormes consecuencias que puede tener. Y cuando decimos “enormes” hablamos del mayor ataque a la democracia que se haya vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si piensas que es una exageración, lee este texto hasta el final. 

El 25 de junio de 2014 David Fernández abría el melón en el Parlamento y preguntaba a Artur Mas sobre algo llamado “TTIP”, un tratado de comercio que la Comisión Europea negocia con Estados Unidos rodeada de un secretismo denunciado por cientos de organizaciones de todo el mundo. Dirigiéndose a al Presidente, el diputado de la CUP dijo:

– Nos gustaría abrir un debate sobre uno de los aspectos más escondidos, silenciados y amordazados de la coyuntura europea que es el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) que anula la democracia (…) Desde esta perspectiva de secuestro y ataque a la soberanía política y económica, nos gustaría saber cuál es el posicionamiento del Presidente y por extensión del Gobierno respecto al futuro tratado.

A lo que Artur Mas respondió:

– Señor Fernández, usted mismo decía que muchas de las cosas que se deben de estar hablando no están al alcance público y le tengo que decir que tampoco están al alcance de este Gobierno …

Pero Artur Mas mentía a David Fernández porque pocas semanas antes, en el Congreso CiU se unía a PP, PSOE y UPyD para defender el TTIP, el tratado de libre comercio entre Europa y EEUU. Consciente de este hecho Fernández replicó:

– Señor Presidente … la respuesta es aún más inquietante que la pregunta …

Efectivamente, es preocupante que Artur Mas diga en el Parlamento que la información sobre el TTIP “no está al alcance” del Gobierno cuando su partido, unos días antes se unió al PP, al PSOE ya UPyD para impedir que se hiciera un referéndum sobre el tema, tal como pedía el grupo de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA). Es preocupante que Mas diga que no tiene información cuando días antes, el Congreso de los diputados, el representante de CiU, Jordi Xuclà, defendía el TTIP abiertamente:

– El TTIP es seguramente una de las mejores iniciativas del presidente Obama mirando a Europa. Es un acuerdo ganador-ganador en el fortalecimiento del libre comercio en el mundo libre …

A su vez, en el mismo debate, el diputado de UPyD, Alvaro Anchuelo compartía con Xuclà su entusiasmo por el TTIP:

– Hay importantes sectores en los que España es competitiva y pueden mejorar sus intercambios con el TTIP.

¿A qué sectores se refiere Anchuelo? Al pequeños comercios? Los autónomos? Veámoslo:

– Podrán mejorar sus intercambios empresas de obras públicas, infraestructuras, o transporte aéreo o servicios financieros donde España tiene importantes multinacionales …

El representante del PSOE, Félix Lavilla dejó clara la postura de su partido:

– Nosotros decimos “si” al TTIP. Los socialistas tenemos una posición clara porque beneficia a nuestro país, beneficia a la UE … Este tratado tiene un potencial enorme para crear empleo y generar crecimiento en Europa.

Finalmente, la diputada del PP, María Miguelez, lo deja claro:

– El TTIP es una de las cosas más importantes que comercialmente le sucederá en España. Nosotros creemos en la capacidad de las empresas españolas que están construyendo el metro de Lima o la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow …

Otra vez la defensa del TTIP tiene como beneficiarias las grandes empresas. El metro de Lima lo construyen dos “empresas españolas”: FCC y ASC, la empresa de Florentino Pérez. La ampliación del aeropuerto de Heathrow la hace Ferrovial, empresa implicada en el escándalo de financiación de CiU en el Palau de la Música. Pero seguimos adelante con la defensa del acuerdo que hace la diputada del PP:

– Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el acuerdo se firme lo antes posible porque creemos que es bueno para España …

Estas alabanzas del TTIP en el Congreso, sin embargo, no son el resultado de que estos partidos quisieran explicar a la población sus beneficios. Estas que hemos leído son las respuestas a una moción presentada por el grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) en la que se pedía, entre otras cosas, que la aprobación del TTIP fuera sometida a referéndum. Ante esta petición CiU, PP, PSOE y UPyD votaron en contra de hacer este referéndum.

La primera pregunta que hay que hacerse ante esto es: ¿cómo es que si el TTIP generará tanta riqueza y empleo, sus defensores llevan las negociaciones en secreto? Y también hay que preguntarse: ¿Cómo es que los partidos que defienden el TTIP no hacen ruedas de prensa explicando a la ciudadanía el proyecto? ¿Cómo es que ningún partido intenta atruibuirse el mérito de su aprobación? Y por último: ¿cómo es que los medios de comunicación no explican casi nada al respecto? Si, según dice el PP “este acuerdo es una de las cosas más importantes que le pasará a España” porque  todo el mundo calla y sólo dan explicaciones cuando una moción en contra los obliga a hacerlo?

Julian Assange, fundador de Wikileaks apunta una respuesta: “Los gobiernos tienen pánico que la ciudadanía hable de este tratado”. ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanto secretismo? Veamos los detalles de lo que muchos consideran el mayor ataque a la democracia europea desde la Segunda Guerra Mundial.

El TTIP (versión oficial)

Empecemos por el principio. La Comisión Europea explica en su web que el TTIP es “un tratado de comercio que se está negociando con los Estados Unidos (EEUU) con el objetivo de “eliminar los obstáculos comerciales para facilitar la compraventa de bienes y servicios entre la UE y los EEUU”. Para conseguir este objetivo el TTIP propone eliminar la “regulación innecesaria” y las “barreras burocráticas”. Según la Comisión Europea si se eliminan estas “reglas innecesarias” la economía europea podrá crecer 119.000M€ cada año y generar millones de puestos de trabajo.

Antes de continuar con el TTIP, sin embargo, es necesario ver quién es la “Comisión Europea” que hace estas promesas. La Comisión Europea es el equipo de gobierno de la UE y actualmente está integrado por miembros del PP y los socialistas europeos, que después de las elecciones, pactaron para gobernar Europa. Haciendo un paralelismo a nivel local, la Comisión Europea es como un gobierno de España integrado por PP-PSOE. El presidente de la Comisión Europea es Jean Claude Juncker, del PP europeo.

Explico esto porque se tiende a ver la Comisión Europea como un órgano neutro cuando no lo es y porque es importante saber que quien impulsa el TTIP es un gobierno integrado por el PP y los homólogos europeos del PSOE.

Ahora sí, volvamos al TTIP. La Comisión Europa propone “eliminar la regulación innecesaria”. Pero a qué “regulaciones innecesarias” se refiere? Normalmente pone el siguiente ejemplo: “Un coche fabricado en la UE tiene que pasar los controles de seguridad de la UE. Pero aunque la UE haya dado por bueno, el coche tendrá que volver a pasar controles de seguridad en los EE.UU., a pesar de que la normativa de seguridad es similar”, lo que encarece el producto. La propuesta de un mismo procedimiento sirva para EEUU y para la UE tiene mucho sentido. Pero el TTIP va mucho más allá de la seguridad de los coches y se extiende a toda la regulación: alimentos, medio ambiente, productos químicos y todo lo que aprueban los parlamentos toda Europa.

Entonces con el TTIP una prohibición contra el fracking aprobada por el Parlamento de Cataluña podría ser calificada como una “barrera burocrática” y ser abolida? Un salario mínimo podría ser considerado una “regla innecesaria” que podría ser obviada? Los contrarios al TTIP creen que sí y hablan abiertamente de “ataque a la democracia”. Pero hasta qué punto está justificada esta apreciación? Veámoslo.

¿Quién está detrás el nacimiento del TTIP?

La organización Corporate Europe –dedicada al estudio de las interacciones entre empresas y parlamentarios europeos– bautizó el TTIP como “la constitución de las multinacionales”. Si miramos quienes son sus “padres fundadores” esta definición no es descabellada.

Uno de los primeros rastros del TTIP lo encontramos en 1995 en Sevilla cuando se celebró una reunión bajo el título “Diálogos Empresariales Transatlánticos”. La reunión estaba convocada por el Secretario de Comercio estadounidense y el vicepresidente de la Comisión Europea. Entre los invitados a estos “diálogos” estaban los representantes de Goldman Sachs, BP, Ford, Xerox, Phillips, Repsol y el fabricante de armamento Dresser Industries. El objetivo de la reunión era “posibilitar que los líderes empresariales de ambos lados del Atlántico identifiquen las claves sobre el comercio entre Europa y EEUU” y “indicar los pasos que se deberían seguir para reducir el costo de hacer negocios “. Es decir: los empresarios se reunieron para decirle a la UE ya los EE.UU. lo que tenían que hacer en materia comercial.

Desde entonces los “líderes empresariales” no han dejado de presionar a los gobiernos de EEUU y la UE para “indicar los pasos” y luchar contra las “reglas innecesarias”. Después de años y millones de euros invertidos en lobby, en 2011 Barack Obama, Angela Merkel y el entonces presidente de la Comisión Europa, Durao Barroso, crean un ente llamado “Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento”. El objetivo de este grupo es “examinar a fondo las oportunidades” de hacer un tratado de comercio entre EEUU y la UE. Finalmente, en febrero de 2013, este “grupo de alto nivel” recomienda a la UE y EEUU iniciaron las negociaciones del TTIP.

Cómo se negocia el TTIP?

Tanto EEUU como la UE han designado un representante suyo para llevar las negociaciones. El “negociador jefe” en nombre de los EE.UU. es Daniel Mullaney y el de la UE es Ignacio García Bercero. Las negociaciones sobre el TTIP se realizan, como veremos, en decenas de reuniones en ambos lados del Atlántico, pero la parte más visible de estas negociaciones son las “rondas de negociación”. La primera “ronda” tuvo lugar en Washington el 7 de julio de 2013 y hasta el día de hoy se han celebrado 7 rondas, la última el 3 de octubre en Maryland (EE.UU.).

¿Quién participa en estas “Rondas de negociación”?

Una de las primeras reacciones de diversos sectores de la sociedad -tanto en la UE como en EEUU- fue poner el foco en la opacidad con la que se empezaron a llevar a cabo las “negociaciones” y las “rondas”.

En Europa uno de los primeros que pidió información concreta fue Corporate Europe Observatory quien a finales de 2013 pidió a la Comisión Europea la lista de los participantes en las conversaciones preparatorias de las negociaciones del TTIP.

Tras varias negativas la Comisión Europea se vio obligada a dar una lista con las 130 reuniones que habían tenido lugar hasta el momento. Según la información de la propia Comisión Europea, de las 130 encuentros, 119 (un 93%) fueron entre miembros de los gobiernos y grandes multinacionales: Morgan Stanley, General Motors, British Telecom, Met Life, Ford, Nokia o la British Bankers Association , entre otras.

Las negociaciones del TTIP también incluyen varios “grupos asesores”. Según Corporate Europe estos “grupos asesores” están “dominados por la industria”. Un hecho que reconocen los mismos grupos industriales, que se han mostrado satisfechos que los “grupos asesores” hayan adoptado “una perspectiva empresarial” y que “hablen un lenguaje empresarial”. En el otro costa del Atlántico las cosas son similares. Según el observatorio Public Citizen, que lleva 40 años trabajando en el Congreso de EE.UU., el 84% de los “asesores” en las negociaciones del TTIP en EEUU representan a la gran industria, donde encontramos la farmacéutica Abbot, el gigante agroalimentario Cargill o los fondos de inversión Capital Partners.

30 años de opacidad

Cuando Corporate Europe hizo pública la lista donde se veía que los participantes en las negociaciones eran básicamente grandes grupos multinacionales, los negociadores de EEUU se pusieron nerviosos y pidieron explicaciones a la parte europea sobre la “confidencialidad” de las negociaciones. Para tranquilizarlos el negociador europeo, García Bercero, envió una carta a su homólogo norteamericano Daniel Mullany. En la carta, con fecha de 5 de julio de 2014, Bercero informaba a los norteamericanos que “todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años”. Esto incluye, incluso, a los diputados del Parlamento Europeo ya que, según Bercero, los documentos sobre las negociaciones del TTIP quedarían fuera de la Regla 1049/2001 que estabelix que todos los documentos de las instituciones europeas deben ser públicos. Todos excepto los del TTIP, por que tendremos que esperar 30 años …

¿Pero es bueno para la nuestra economía?

Pero quién puede preocuparse de la opacidad cuando estamos ante un boom económico que generará millones de puestos de trabajo? Según la Comisión Europea (recordemos, gobernada por los homólogos europeos de PP y PSOE) el TTIP generará “unos ingresos extra de 545€ por hogar” en toda Europa y más de un millón de puestos de trabajo, con un incremento anual del PBI de un 0,5%. Estas cifras están contenidas en un estudio realizado por la Comisión Europea que tenía como objetivo “aportar información sobre la conveniencia de abrir las negociaciones sobre el TTIP”.

Pero este informe no convence a todos. Por un lado, y con respecto al hipotético beneficio de 545€ por hogar, el economista Dean Baker, del Centro para la Investigación en Política y Economía, publicaba en el diario The Guardian: “que en realidad no se podía esperar más de 50€ al año por hogar”… Y eso teniendo en cuenta que los beneficios se repartan de manera homogénea: beneficiará el TTIP por igual a un empleado de un McDonalds que a un ejecutivo de la banca de inversión? Baker lo duda.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Manchester y experto en tratados de comercio, Clive George, pone en cuestión estos datos: “En primer lugar, estas previsiones responden al escenario más optimista de los tres que recoge el documento. En segundo lugar se obvia que, de confirmarse, estos resultados tardarán 10 años en ser operativos, según reconoce el mismo informe”. Así, el incremento quedaría “no en un 0,5% sino en un 0,05% anual repartido en 10 años en el mejor de los casos”

Pero si las ganancias esperadas son tan escasos, qué interés tienen los impulsores del TTIP? Según Clive George la ganancia está en la desregulación que permitirá que las empresas privadas se hagan con los servicios públicos europeos. Así lo explica Michael Hudson, de la Universidad de Missouri: “La UE y EEUU se encuentran inmersos en un escenario post-burbuja en el que ya no pueden ganar dinero prestando dinero” y por ello “han elegido convertirse en rentistas neo -feudals con la intención de comprar carreteras para poner peajes”, un ejemplo que se hace extensivo a todo el sistema público europeo, incluyendo “escuelas, cárceles y hospitales”.

En este sentido un artículo del diario británico The Independent advertía que con el TTIP “los servicios públicos están en primera línea de fuego ya que uno de los principales intereses del TTIP es permitir a las empresas de EE.UU. hacerse con los servicios públicos europeos”. Una amenaza bastante real como para que el gobierno escocés, presidido por Alex Salmond, haya exigido al gobierno de Londres que “proteja el sistema público de salud de la amenaza del TTIP” ante la amenaza que “gran compañías sanitarias de EEUU se hagan con el servicio público de salud “.

La propaganda del TTIP

Como hemos visto antes, el TTIP está en fase de negociación y las disputas a su alrededor parecen de carácter estrictamente ideológico. Así, por un lado tenemos una coalición PP-PSOE a la europea que augura un boom económico y por otro, un creciente número de opiniones que advierten de los peligros del TTIP.

Ante este escenario, puede ser útil ver los resultados que han dado otros tratados similares, como por ejemplo el NAFTA, el tratado del libre comercio entre Canadá, EEUU y México, en el que se inspira el TTIP.

Las promesas del NAFTA

El NAFTA se aprobó en 1994 y fue presentado a los habitantes de los países participantes como una “oportunidad histórica”. Veinte años después, sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que se prometió.

En un estudio publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) con sede en Washington, el impacto del NAFTA en México es indiscutiblemente negativo. El subdirector del CEPR y profesor de economía de la Universidad de Michigan, Mark Weisbrot fue claro: “el tratado fue un terrible error considerando cualquier indicador económico y social”

En EEUU el impacto del NAFTA tampoco es muy alentador. Con motivo del 20 aniversario del NAFTA el influyente diario digital The Huffington Post titualava: “La economía de EEUU ha perdido 700.000 puestos de trabajo a causa del NAFTA”. En este sentido el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía en The New York Times en 2006 una columna titulada “Promesas incumplidas” donde analizaba el impacto del NAFTA: “Libre comercio no implica crecimiento”. E iba más allá: “El NAFTA no ha cumplido las fervientes expectativas de sus defensores”. Según Noam Chomsky, del Massachusetts Institute of Tecnology “el NAFTA ha profundizado en las desigualdades y ha sido un mecanismo para transferir una enorme cantidad de riqueza desde las clases bajas y medias hacia las cuentas bancarias del 1%”. Según Stiglitz esto obedece a que “el NAFTA ocultaba una serie de nuevos derechos para las empresas, que debilitan la democracia en toda América del Norte”. Si, habéis leído bien: “una serie de nuevos derechos para las empresas, que debilitan la democracia en toda América del Norte”.

El fin de la democracia

La afirmación de Stiglitz se materializa en una cláusula del TTIP llamada ISDS (las iniciales de Investor-State Dispute Settlement), un instrumento que permite que las multinacionales pongan demandas contra las decisiones de los estados. Según la Comisión Europea el objetivo de la ISDS es “encontrar un equilibrio entre el derecho de los Estados a regular y la necesidad de proteger a los inversores”. La idea es que si un inversor considera que una ley de un parlamento democrático perjudica sus intereses, pueda recurrir a una instancia superior que haga de mediador entre el estado y el inversor.

Pero para ello no existen los sistemas legales de cada país? La Comisión Europea lo vuelve a dejar claro: “El hecho de que un país cuente con un sistema jurídico sólido no siempre garantiza que los inversores extranjeros estén protegidos adecuadamente” y por eso el ISDS “garantiza a los inversores un foro al que acudir cuando quieran reclamar una indemnización”. Se puede decir más claro? Si, Markus Beyries lo hizo.

Markus Beyries es director de European Bussines, una federación de patronales europeas donde encontramos la CEOE y a las ceoes de cada estado europeo. Beyries alabó el TTIP diciendo que “las diferencias regulatorias deben ser eliminadas”, haciendo referencia a las “reglas innecesarias” de las que hablaba la Comisión Europea. Pero Beyries va más allá y completa su frase: “debemos prevenir que surjan regulaciones nuevas”.

Esta frase de Beyries implica un salto cualitativo. Ya no estamos hablando de modificar “regulación innecesaria” para “evitar la burocracia”. De lo que estamos hablando es de impedir que los parlamentos democráticos hagan nuevas leyes. Y el ISDS es la herramienta que permite al TTIP acabar con la democracia.

El ISDS ya está en funcionamiento en otros tratados de comercio que ya están en vigor y que están siendo utilizados contra las decisiones de los parlamentos democráticos. Vemos 3 ejemplos recogidos por el investigador John Hilary:

1) La compañía energética sueca Vattenfall reclama al gobierno alemán 3.700 millones de euros por su decisión de abandonar gradualmente la producción de energía nuclear a raíz del desastre de Fukushima.

2) En uno de los múltiples casos de ISDS presentados contra Canadá después de la entrada en vigor del NAFTA, este país fue obligado a revocar su prohibición sobre el aditivo para combustible MMT bajo presiones de la compañía estadounidense Ethyl .

3) La tabacalera estadounidense Philip Morris reclama al gobierno australiano miles de millones de dólares como indemnización por tomar una medida política en materia de salud pública que obliga a vender los cigarrillos en paquetes sin publicidad.

Como se puede ver, no estamos hablando de pequeños países del tercer mundo. Estamos hablando de que las grandes multinacionales detienen la acción de los parlamentos de grandes y supuestamente poderosos países. Pero gracias al ISDS estos parlamentos quedan supeditados a este tipo de “justicia para multinacionales”, con tribunales estrechamente ligados a estas mismas multinacionales y donde, curiosamente, los estado no pueden demandar las multinacionales.

¿Qué podemos hacer?

En 1993, pocos días antes de la firma del tract NAFTA Noam Chomsky escribió: “Los tratados de libre comercio anulan los derechos de los trabajadores, de los consumidores y de las futuras generaciones (…) reduciendo la democracia a sus formas más vacías para que la voluntad de los dueños se pueda llevar a cabo sin ninguna interferencia “.

El pasado 17 de marzo de 2014, Susan George comenzó su conferencia sobre el TTIP en Bilbao diciendo: “Hoy os daré muchas noticias malas, pero empezaré con una buena: ganaremos esta batalla y para ello debemos usar el estrategia del vampiro: sacar a la luz estas negociaciones para matar a su plan “.

La buena noticia es que la presión popular puede detener el TTIP. La presión popular está haciendo que gobiernos de varios países europeos empiecen a ver peligrar sus expectativas electorales debido a su apoyo al TTIP. Como hemos visto antes, las negociaciones del TTIP están llevando a cabo de espaldas al Parlamento Europeo y la Comisión ha negado incluso que este parlamento pueda tener capacidad de intervención en las negociaciones. Así la votación sobre el TTIP el Parlamento Europeo no será debatida sino que los grupos sólo podrán elegir entre votar a favor o en contra. No se podrán hacer enmiendas ni se podrán debatir puntos concretos. Actualmente el Parlamento Europeo está dominado por el PP Europeo y por los socialistas europeos pero como decimos, las presiones domésticas podrían hacer que la unidad a favor del TTIP se rompiera ya que el Parlamento Europeo no hay  “disciplina de voto”. Otra brecha que se abre para detener la aprobación del TTIP es que uno de los estado de la UE se niegue a aprobarlo, lo que provocaría su paralización. En todos estos escenarios, la movilización ciudadana, la presión política y la toma de conciencia sobre lo que significa el TTIP serán herramientas imprescindibles. En la columna de la izquierda os facilitamos las fuentes utilizadas en la elaboración de este trabajo así como un listado de organizaciones implicadas en esta lucha. Esperamos que os sea útil.

Pocas horas antes de cerrar la presente edición saltaba la noticia: el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker -del PP europeo- firmó un pacto secreto con 340 multinacionales con el objetivo de que estas pagaran sólo un 2% de impuestos. Juncker, ferviente defensor del TTIP, se enfrenta ahora a una grave crisis que podría afectar su presidencia y a las mismas negociaciones del tratado europeo.

La noticia saltaba este viernes 7 de noviembre después de que el Consorcio Internacional de Periodistas filtrara más de 28.000 documentos que demuestran que Juncker, en su etapa como primer ministro de Luxemburgo, firmó acuerdos secretos para permitir eludir millones de euros en impuestos. Entre las empresas implicadas encontramos a Apple, Amazon, Ikea, Burberry, el Deutsche Bank y Pepsi. En total 340 empresas.

El diario digital el diario.es explica que “la investigación, llamada Luxembourg Leaks o LuxLeaks y en la que participaron periodistas de 26 países, ha tenido acceso a 28.000 páginas de documentos que demuestran cómo las grandes empresas” se apoyaban en Luxemburgo y en las sus leyes fiscales flexibles, pero también en las deficiencias de la reglamentación internacional para transferir “a este país” sus beneficios a fin de que no fueran objeto de impuestos, o al menos muy débilmente”, es decir, con tipos inferiores a la 1%, según publica el diario francés Le Monde, que participa en la iniciativa junto al británico The Guardian, el alemán Süddeutsche Zeitung, el japonés Ashahi Shimbun o el español El Confidencial.

Los acuerdos contaron con la colaboración de PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las ‘Big Four’ (cuatro firmas de auditoría y consultoría del mundo), que diseñaba complejas estrategias financieras que comprendían préstamos de las matrices luxemburguesas a las filiales de otros países y otras estructuras para transferir beneficios de una parte de la empresa a otra para reducir o suprimir totalmente los ingresos sujetos al pago de impuestos.

En clave catalana, hay que recordar que PwC es la misma empresa que está asesorando al Gobierno de la Generalitat para sacar adelante el proyecto Visc+ con el que se pretende vender datos de los historiales médicos de los usuarios de la sanidad pública a empresas privadas.

El escándalo, que está haciendo temblar a la política europea, ha sido portada en periódicos de todo el mundo. En España, ni El País, ni El Mundo, ni el ABC lo llevaban en portada. Los diarios económicos El Economista y Expansión dedicaban este viernes su portada a las preocupaciones de las agencias de rating raíz del ascenso de Podemos pero se dejan el ‘Caso Juncker’.

3 puntos básicos y una advertencia final · Per Àngels M. Castells (Economista)

1) Someter la política a la economía privada, destruye también la posibilidad de que la sociedad se dote de servicios públicos y de políticas más igualitarias. Las grandes multinacionales que dictan los tratados a los estados no están ni por la igualdad de oportunidades ni por una redistribución de la renta más equitativa, sino por mercantilizar los bienes y servicios más básicos, privando el acceso a los mismos a una parte cada vez más grande de la ciudadanía.

2) Los Tratados abarcan lo fundamental de nuestras actividades y necesidades: empleo, transporte, comunicación, datos incluso de nuestras historias clínicas, servicios legales, subvenciones, educación, salud, residuos, agua, distribución de energía y comercio digital , y puede también implicar una mayor desregulación de unos mercados financieros descontrolados y hipertróficos.

3) Pretenden marcar el no retorno del control ciudadano y la política sobre sectores fundamentales para el desarrollo humano, impidiendo una sociedad con una democracia real. En este sentido, el TISA contiene cláusulas que vetan la posibilidad de recuperar o regular de nuevo un sector que ya haya sido liberalizado.

Alerta!

La democracia está en peligro porque con estos tratados la ciudadanía ya no puede decidir nada realmente importante y, mucho menos, la regulación de los grandes poderes económicos. No sólo la posibilidad de hacer políticas de corte socialdemócrata se convierte en un imposible, sino que la aceleración de las desigualdades entra en una dinámica suicida … tal y como ya está sucediendo. Porque mientras se negocian los tratados ya los están imponiendo y han comenzado a ser una cruda, difícil y autoritaria realidad. Su germinación en nuestra sociedad, a costa de nuestros servicios públicos, nuestros derechos y nuestras condiciones laborales, ya está costando desarraigo, precariedad, violencia, salud y vidas humanas.

Hay que ponerse de pie y luchar. Por nuestra democracia y para nuestra salud.

Algunos enlaces para saber más sobre el TTIP:

Este es el vídeo que hemos hecho sobre el TTIP.

(Actualmente con cerca de 400.000 visitas entre la versión en castellano y la versión en catalán. Envíalo a tus contactos!)

Organizaciones contra el TTIP:

· Campanya No al TTIP

· ATTAC España

· Amigos de la Tierra

· Manifiesto No al TTIP

· Firmantes del manifiesto No al TTIP 

Artículos sobre el TTIP:

· Para saber más del TTIP (y combatirlo mejor) (Àngels M. Castells)

· TTIP y CETA: tratados de comercio devastadores para el empleo y la economía (eldiario.es)

· Análisis desde la Sanidad de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) (Punts de Vista)

· 50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio (Alberto Garzón y Desiderios Cansino)

· Wikileaks sigue desvelando secretos del TIPP y el poder de la industria farmacéutica (Àngels M. Castells)

· Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales (Diagonal)

· 7 preguntas sobre el TTIP cuya respuesta deberías conocer (eldiario.es)

· El riesgo de incluir un mecanismo de solución de controversias inversores-estados en las negociaciones de un Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (Amigos de la Tierra)

· Tractat de lliure comerç entre EUA i UE [CAT] (Vicenç Navarro)

NOTA: Si quieres que incluyamos algún enlace en la página envíanos un correo a cafeamblletcatalunya@gmail.com

“El proyecto Visc+ es un caballo de Troya de la privatización” 

Àngels M. Castells · Economista

Los Tratados TTIP y TISA que ahora nos amenazan desde el lado oscuro de la globalización son mucho más la concreción de la «corporatocràcia» que ya está gobernando el mundo. Del mismo modo que para justificar estos tratados se teorizan unas falsas «ventajas competitivas» de los países, se juega hoy en Visc+ con «diálogos competitivos» entre empresas dispuestas a saquear lo público. Piensan los estultos que mencionar la palabra «competitividad» ennoblece y justifica cualquier acto de piratería, cuando la reflexión honesta nos conduce a denunciar la desnudez del rey, o lo que es lo mismo, que la «sana competencia» no existe, y la «competitividad «es la variante de nuestro tiempo de un monstruo nacido de alimentar en una sociedad en descomposición los más bajos instintos, los prejuicios malthusianos y la descarnada ley de la selva. Y otro engaño del Visc+ (aunque no es ni mucho menos el último): «disponer de los datos de las historias clínicas favorecerá la investigación y mejorará las condiciones de salud». Si es así, ¿por qué nuestra juventud investigadora mejor preparada debe seguir buscando laboratorios y universidades donde poder seguir firmando y desarrollar sus capacidades lejos de Wert y de esta España voluntariamente descerebrada? La respuesta es fácil: porque mienten cuando prometen que sus maniobras implican beneficios para la mayoría. No, la TTIP/TISA, Visc+ y otros caballos de Troya de esta globalización en el lado oscuro no mejoran las vidas de la mayoría de las personas.

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“Hay que negarse a que vendan nuestros datos. Hay que organizarse”

Isabel Vallet · Diputada de las CUP

Para nosotros la venta del historial sanitario no es una operación aislada, forma parte de una estrategia de privatización. La promoción de la entrada de capital privado en la sanidad pública, o la privatización por segmentos, la ha diseñado en tres informes sucesivos la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) y se ha ido aplicando, con más o menos éxito, por el Departamento de salud. En 2013 un tercer informe de PWC nos advertía de la necesidad de hacer negocio con las bases de datos clínicos sin “restricciones para ciertos usos como el comercial”. Una vez que proyecto Visc+ entre en vigor no sabremos para qué usarán nuestros datos. No sabremos si las aseguradoras los usarán para hacer estudios para subir primas de riesgo. No sabemos si las farmacéuticas los usarán para analizar si producir un determinado medicamento es o no rentable. No sabemos si las empresas de recursos humanos los usarán para determinar factores y perfiles en base a informaciones confidenciales sobre salud mental, o hábitos de consumo de alcohol o tabaco. Vender información esencial para planificar y mejorar nuestra salud es descapitalización. Facilitar información para la sanidad privada compita con la sanidad pública es descapitalización. Renunciar a las tareas de promoción de la salud a favor de las empresas farmacéuticas o aseguradoras que persiguen el ánimo de lucro es descapitalización. No podemos dejar que esta descapitalización siga, nos debemos negar a que vendan nuestros datos, nos debemos negar a que nos roben el derecho a una sanidad pública y para hacer esto hay que organizarse.

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“La ganancia del proyecto Visc+ la obtendrán las empresas”

Teresa Forcades · Médica

En Le Monde Diplomatique en Español de este mes (setiembre 2014), hay un magnífico artículo del investigador Raoul Marc Jennar titulado ‘Acuerdos de libre comercio en toda direcciones: Cincuenta Estados negocian en secreto la liberalización de servicios’. El autor denuncia que en estos momentos en la embajada australiana de Ginebra se están reuniendo los cincuenta países que representan el 70% de los intercambios mundiales de servicios para negociar el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (ACS o TISA en inglés) que querrían implementar de forma immediata en 2015. Creo que el proyecto Visc+ se sitúa en este contexto de ataque frontal a nivel mundial contra la concepción no-mercantilista de la sociedad. La noción de que las personas no somos mercancías y que las normas que regulan nuestra convivencia deben reflejar nuestra dignidad, respetarla, protegerla y potenciala es para la concepción neoliberal de la sociedad un absurdo pasado de moda, un impedimento ridículo al progreso. Un impedimento al progreso… de quien? cabe preguntarse. Quién obtendrá una ganancia, del proyecto Visc+? Está claro que para presentarlo a la sociedad hay que afirmar que ‘la sociedad’, en este caso los usuarios del servicio catalán de salud, sacaremos un beneficio para las empresas privadas que comprarán nuestros datos nos ofrecerán a cambio mejores prestaciones. En realidad, este beneficio conlleva la privatización de los servicios de salud e implica excluir y dejar sin ningún tipo de cobertura sanitaria a todo el que no pueda pagar, como ocurre en los EEUU. La mercantilización de las personas es incompatible con la democracia. No a la mercantilización de los datos de los pacientes que supone el proyecto Visc+.

En todos los documentos elaborados por los impulsores del Proyecto Visc+ se hace referencia a la seguridad a la hora de tratar los datos de los ciudadanos. Se informa también que el proyecto ha sido “presentado” a la Agencia Catalana de Protección de Datos (APDCAT). 

Pero de lo que no informan ni la Consejería de Salud ni el AQuAS es del resultado del informe de la máxima autoridad catalana de protección de datos. 

El proyecto fue presentado a la APDCAT en el primer trimestre de 2013. Tras meses de estudio, los expertos de esta entidad emitieron un informe donde se analiza la información presentada. El resultado es preocupante. 

Falta de concreción 

En cuanto al “modelo de seguridad, disponibilidad y uso de los datos” el informe destaca que “no es posible validar un determinado modelo de seguridad dada la falta de concreción de diferentes aspectos relacionados con la seguridad”. 

En este sentido la APDCAT afirma que “no se ha dispuesto de una memoria global que describa de manera detallada las necesidades, las alternativas disponibles y las características y los beneficios de la opción elegida” y señala que parte de la documentación aportada “no resulta clara qué naturaleza tiene”. 

Por eso la APDCAT dice que “dadas las fuertes implicaciones para la privacidad de las personas y los demás derechos que podrían verse afectados en caso de un tratamiento inadecuado de una información tan sensible como la que se incluye en el proyecto, sería recomendable disponer de una evaluación del impacto sobre la privacidad que puede tener esta iniciativa”. Es decir, que a pesar de la insistencia de los promotores a la hora de hablar de “seguridad”, parece que no han tenido demasiado cuidado de estos aspectos. 

En cuanto al tipo de datos que se cederán la APDCAT concluye que el Proyecto Visc+ “no concreta cuáles serán estos datos ni los criterios y los procedimientos que se seguirán para decidir qué datos deberán estar accesibles en abierto”. 

En cuanto a quién tendrá acceso a los datos “no se explicita si los clientes finales podrían recibir y tratar información anonimizada o datos personal no anonimizadas”. 

¿Qué harán con los datos? 

La APDCAT “constata que las referencias a los fines del proyecto no siempre coinciden en los diferentes apartados de la documentación aportada” y apunta a que “resultan confusas algunas de las previsiones de la documentación aportada, en el sentido de que no queda claro si el tratamiento de datos personales del Proyecto Visc+ debe tener por finalidad la ‘investigación médica’ o si se puede producir un tratamiento y cesión a los ‘clientes finales’ por la práctica totalidad de las finalidades (…) Tampoco queda clara cuál es la finalidad de evaluación a que se refieren algunos de los documentos aportados”. 

Finalmente, la APDCAT recalca “que se echa en falta, en el conjunto de documentación aportada, una conexión clara entre “cliente final “, la finalidad a cumplir, la concreción de la información a la que podría tener acceso, y si esta información ha ser anonimizada o puede comportar cesión de datos personales “. 

En definitiva, y a tenor del informe de la APDCAT, los responsables del proyecto ofrecen muchas lagunas a la hora de cuidar de los datos de los pacientes. Un hecho que contrasta con su supuesta experiencia y diligencia. Finalmente, lo menos tranquilizante de todo, la APDCAT afirma que “la posibilidad de que la combinación de esta información con informaciones obtenidas de otras fuentes pueda acabar haciendo identificables personas no se puede descartar”. 

Patricia Heras

La historia pasó en Barcelona una noche de febrero de 2006 pero yo no la conocí hasta que hace unas noches me la contaron en mi casa.  A lo largo de dos horas y ocho minutos escuché en silencio, casi sin pestañear, la historia de Patricia Heras, una chica de 32 años que salió a dar una vuelta en bicicleta por Barcelona y que acabó en la cárcel y, más tarde , saltando por una ventana de un séptimo piso.

Caer de la bici 

Patricia Heras había llegado a Barcelona hacía pocos meses, procedente de Madrid, su ciudad natal.  La noche del 4 de febrero de 2006 ella y un amigo salieron de fiesta. Horas más tarde, volviendo a casa en bicicleta, Patricia y su amigo sufrieron un pequeño accidente. Él se hizo un golpe en la cabeza y ella varias rozaduras. Un coche se paró a ayudarles y decidieron llamar a una ambulancia que los llevó al Hospital del Mar. Y allí comienza una de las historias más increíbles que he escuchado en años. Una historia que me avergüenza no haber conocido hasta el 21 de septiembre de 2014 cuando, en el sofá de casa, vi el documental Ciutat Morta. Dos horas y ocho minutos.

Caer en un agujero negro 

Mientras atendían a su compañero, Patricia Heras estaba en la sala de espera de urgencias. Una sala de espera que estaba especialmente movida aquella noche. Pocas horas antes, en el centro de Barcelona, un agente de la Guardia Urbana resultó herido de gravedad en el transcurso de una intervención que terminó con 9 detenidos, algunos de ellos, heridos en extrañas circunstancias. Mientras los médicos atendían a los heridos, miembros de la Guardia Urbana vieron Patricia sentada, esperando que la atendieran. Y la detuvieron a ella también. 

¿Por qué? La intervención de la Guardia Urbana había tenido lugar en un antiguo teatro ocupado de la calle Sant Pere Més Baix. Los detenidos respondían a lo que los medios de comunicación llaman “estética okupa”. 

Patricia no había puesto los pies en aquel teatro nunca, ni formaba parte del “colectivo okupa”. Estudiaba filología en la Universidad de Barcelona y poco antes de su detención se hizo un corte de cabello “como Cindy Lauper”, dibujando una especie de tablero de ajedrez en la cabeza. Aquel corte de pelo y una indumentaria “antisistema” según la policía, hicieron que Patricia acabara relacionada con los hechos que habían tenido lugar horas antes y condenada a 3 años de prisión. En abril de 2011, durante un permiso penitenciario, Patricia Heras no aguantó la presión y se tiró por la ventana del séptimo piso donde vivía. 

Ciutat Morta 

A lo largo de sus 128 minutos de duración el documental Ciutat Morta nos explica con todo detalle la historia de Patricia Heras y los otros jóvenes detenidos y condenados enun proceso policial, mediático, político y judicial aterrador. Una historia que parece una oscura película de Hollywood pero que pasó en Barcelona.

Y mientras miras Ciutat Mortano puedes parar de preguntarte: “¿Cómo puede ser que yo no supiera nada de todo esto?” 

¿Cómo puede ser que yo no supiera que el entonces alcalde de Barcelona, el socialista Joan Clos, cambió su versión de los hechos de manera escandalosa, dejando indefensa Patricia y los otros jóvenes detenidos? ¿Cómo puede ser que yo nunca supiera que los chicos detenidos –Rodrigo, Alex, Juan, Alfredo– fueron torturados por la policía, tal y como denunció Amnistía Internacional? ¿Cómo puede ser que no tuviera ni idea de que los testigos clave para encerrar a Patricia en prisión fueron dos policías –los agentes Víctor Bayona y Bakari Samyang– condenados por torturas graves? ¿Cómo puede ser que no supiera de la implicación en todo el caso de Jordi Hereu y Carles Martí, entonces altos cargos socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Cómo puede ser que no supiera que incluso TV3 alteró sus archivos después de recibir presiones del consistorio? ¿Cómo puede ser que no conociera todos los detalles de esta historia? 

Manifestación en noviembre de 2012. En la pancarta, referencia expresa hacia los agentes Víctor Bayona i Bakari Samyang · Foto: Antigonia.com

Un silencio atroz 

Una parte de mi ignorancia es fruto de un enorme montaje destinado, justamente, a que yo –y el resto de la población– no supiéramos nada. TV3, La Vanguardia, El País o El Periódico –ahora lo sé– fueron piezas clave para el triunfo de la impunidad. 

Por un lado silencio. Por otro, desinformación al servicio de los planes urbanísticos del ayuntamiento. 

¿Qué tiene que ver la política urbanística del ayuntamiento con todo esto? Aquí está el gran hallazgo de Ciutat Morta  . No estamos ante un caso aislado, de un triste error policial y judicial. Estamos ante un montaje de dimensiones enormes donde están implicadas las más grandes estructuras de poder. Un sistema que aquella noche de 2006 aplastó las vidas de Patricia y de los otros detenidos. 

Pero no puedo evadir mi responsabilidad por no haber conocido nunca esta historia. Porque desde el mismo día en qu
e sucedieron los hechos, cientos de personas se movilizaron intentando que todo el mundo supiera lo que estaba pasando. Primero fueron los familiares y amigos de las víctimas del montaje que desmonta Ciutat Morta: manifestaciones, huelgas de hambre, actos, charlas… ¿Por qué no vi nada? Quizás porque los manifestantes llevaban rastas? ¿Caí en la trampa de los prejuicios? ¿Como hice para no ver a aquellos jóvenes que se plantaban con pancartas a las puertas del ayuntamiento diciendo que Patricia Heras había sido “asesinada por el Estado”? ¿El aspecto “antisistema” de Patricia? ¿El origen sudamericano de los condenados? ¿Puede haber sido eso? 

No puedo evitar preguntármelo porque Ciutat Morta nos interpela a este nivel. ¿Hasta qué punto una historia terrorífica como ésta se hubiera podido producir sin el consenso social de sospecha ante lo que es diferente, lo que se peina y viste de otro modo?

Los medios hicieron su trabajo… ¿pero eso lo explica todo? En los grandes medios hubo muy pocas grietas, pero hubo: Mònica Terribas, dejando descolocado a Joan Clos en plena entrevista, preguntándole por el caso pese a que no estaba entre las preguntas guiadas. Gregorio Morán, haciendo valer su enorme peso periodístico y publicando el caso en su columna de La Vanguardia… y luego el silencio y la manipulación. Y el semanario La Directa, haciendo descubrimientos increíbles y publicándolos, desempeñando el papel por el que nació el periodismo. 

Mea culpa 

Pero a pesar de todo, no puedo evitar pensar que hay cierta responsabilidad mía. Y la única manera que encuentro para intentar arreglarlo, es escribir esto para decirle a todo el mundo que vaya a ver Ciutat Morta. 

Hay que ver esta obra porque bajo la apariencia de documental respira un artefacto capaz de cambiar el rumbo de la historia de Barcelona. No exagero. A medida que Ciutat Morta va ganando premios, cuando nos enteramos que la han proyectado en el festival de San Sebastián, cuando las pocas salas que la han proyectado han dejado al público en estado de shock. A medida que va pasando todo esto, los implicados en el escándalo de seguro que se empiezan a preocupar. Porque están viendo que el silencio tejido con mentiras, manipulación y silencios está a punto de saltar por los aires. 

Ciutat Morta es una bomba que ya ha empezado a estallar el corazón de una Barcelona que si quiere vivir debe mirar la realidad a la cara. 

La peligrosidad de Ciutat Morta se hace evidente cuando TV3 y los grandes medios de Barcelona silencian el triunfo de la película allá donde va. Mientras que el Festival de San Sebastián llena las calles de la ciudad con enormes carteles de Ciutat Morta, en Cataluña todo el mundo calla. 

Dependerá de todos nosotros que esta terrible historia sea conocida. Que la impunidad cese. El primer paso es ver Ciutat Morta y que no quede nadie que, en el futuro pueda decir: “Yo no sabía nada”, como yo lo estoy diciendo ahora. Quizás el segundo paso es pedir perdón a aquellos que vivieron este drama ante la indiferencia de tantos como yo. 

Silencio en TV3

Cartell de Ciutat Morta al Festival de San Sebastián

Silenci a TV3

Ciutat Morta nos cuenta los hechos del 4F. Pero a la vez está consiguiendo demostrar el enorme bloqueo mediático que se vive en Cataluña cuando se tocan ciertos temas. A pesar de los premios, a pesar de la repercusión internacional que está teniendo la película, los medios catalanes no están informando. Dos ejemplos: TV3 no ha dicho ni una sola palabra de la participación de Ciutat Morta en el Festival de Cine de Donosti. En La Vanguardia, según el Observatorio Media.cat, se pueden encontrar 40 entradas sobre el festival. Ninguna sobre Ciutat Morta. Curioso. No todos los días un festival internacional de prestigio llena las calles con carteles gigantes con la cara de un ex-alcalde de Barcelona 

Saber más sobre Ciutat Morta:

· Tràiler de Ciutat Morta

· Web de Ciutat Morta

· Web Des-Montaje4F

· Ciutat Morta a Twitter: @ciutatmorta

Ahora mismo, estamos repartiendo 100.000 ejemplares con esta historia en portada.

Por Albano Dante Fachin Pozzi

El Gobierno ya lo tiene decidido pero es imprescindible detener sus planes. Y la única posibilidad de detener el Proyecto VISC+ es a través de una respuesta masiva de la sociedad. A continuación enumeramos 4 razones que hacen que la respuesta popular a este plan sea imprescindible. 

1) Falta de diálogo y opacidad 

El Proyecto VISC+ se ha desarrollado de espaldas a la ciudadanía. La propuesta fue aprobada gracias a un “acuerdo de Gobierno”, eludiendo el paso por el Parlamento. Para desarrollarlo en ningún caso se requirió la participación de usuarios, profesionales u organizaciones civiles. Los únicos que han podido poner sobre la mesa sus intereses han sido las empresas de la industria sanitaria. Que el plan contemple una campaña de comunicación para “difundir las bondades del proyecto” reduce la participación de la ciudadanía –titular único de los datos con que se hará negocio– a ser un mero espectador. La negativa del Departamento de Salud y del AQuAS (agencia pública impulsora del proyecto) a responder las preguntas que les hemos formulado es una muestra clara del desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas. 

2) Empresas y puertas giratorias 

El papel de la consultora PWC –conocida por sus llamadas a privatizar la sanidad pública– ha tenido un peso enorme en la elaboración del proyecto. Esto le ha permitido diseñarlo a medida de los intereses de las grandes corporaciones sanitarias privadas. El hecho de que uno de sus directivos, Joan Guanyabens, haya llegado a PWC directamente desde el AQuAS es un ejemplo vergonzante de las puertas giratorias que tanto han hecho para convertir la sanidad pública en un negocio. Es también preocupante la presencia de IMS Health en el desarrollo del proyecto. Los escándalos en que se ha visto involucrada esta empresa, los millones que destina a presionar gobiernos e insitituciones y su propio modelo de negocio debería hacer saltar todas las alarmas. 

3) Falta de seguridad 

La documentación disponible pone en cuestión la “seguridad” a la que hace referencia la propaganda del Govern. La Agencia de Protección de Datos de Cataluña alerta de graves deficiencias en esta materia. Sin embargo, no consta ninguna acción por parte de los impulsores del proyecto destinada a solucionarlas. 

4) Peligros concretos 

Los peligros que se derivan de un proyecto como este son significativos. Que las aseguradoras sanitarias o las empresas de recursos humanos tengan nuestros datos sanitarios tendría un impacto enorme en nuestras vidas. 

No se trata de resistirse a los avances científicos. El análisis de datos puede suponer enormes avances en la investigación científica y en la gestión y modernización del sistema sanitario. El problema surge cuando los impulsores de esta iniciativa se mueven en la opacidad y el silencio, cuando el futuro de nuestros datos se decide en los despachos de grandes corporaciones y no de manera democrática. 

En Inglaterra el intento de poner en marcha un proyecto similar provocó un enorme debate político y social. En Cataunya, hasta ahora, los planes avanzan en silencio. Mientras que en Inglaterra The Guardian, The Daily Telegraph y la BBC siguieron el tema durante meses, en Cataluña los medios miran hacia otro lado. Por ello, la acción ciudadana será imprescindible para detener este plan tal y como lo quiere imponer el Govern. 

Más información:

El Govern venderá los datos  de los pacientes de la sanidad pública a empresas privadas

Imagen de un documento del Proyecto Visc+

[La información contenida en este reportaje ha sido recopilada y analizada entre los días 8 y 15 de septiembre de 2014. Para acceder al listado de fuentes utilizadas, hacer click aquí] [Si quieres colaborar para que podamos imprimir i distribuir 145.000 ejemplares con esta información, haz click aquí]

Por Albano Dante Fachin Pozzi

La primera noticia que tuve sobre el Proyecto Visc+ + me llegó por Twitter, donde alguien escribió: «Leed este artículo de la diputada de la CUP, Isabel Vallet. IM-PRES-CIN-DI-BLE «. El artículo en cuestión se titulaba «Nuestro historial médico: en venta«.

Un titular que si no hubiera sido obra de una de las diputadas que mejor conoce el sistema sanitario catalán- me habría parecido hasta cierto punto exagerado. Pero, lamentablemente, no hay ninguna exageración.

Partiendo del artículo de Isabel Vallet, en la revista cafèambllet decidimos investigar la génesis, las características y los impulsores del Proyecto Visc+, la herramienta que permitirá al Gobierno de la Generalitat de Cataluña poner en manos de la industria sanitaria internacional los datos médicos de los 7 millones de usuarios del sistema sanitario catalán.

El Proyecto Visc+

El 4 de junio de 2013 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó el Proyecto Visc+. Según la nota de prensa publicada en su web, el objetivo del Visc+ es «poner la información sanitaria a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación» para «mejorar los servicios de salud», «mejorar la investigación» y «poner en valor el conocimiento».

Para hacer posible todo esto, el Proyecto Visc+ se propone «relacionar y estructurar» toda la información obtenida en centros de atención primaria, hospitales, urgencias e, incluso, en las recetas electrónicas. Toda esta información se centraría en un punto que recogería también los 60 millones de documentos contenidos en las historias clínicas de los ciudadanos que utilizan el sistema público de salud. Esta centralización es el primer paso para poner los datos «a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación».

Negocio con los datos de todos?

En Cataluña hace tiempo que funcionan varios sistemas para compartir y analizar los datos del sistema sanitario público. Dos ejemplos son la Historia Clínica Compartida –que permite que los historiales médicos estén accesibles a cualquier punto servicio sanitario– o los datos recopilados por la Central de Resultados, que permiten estudiar y mejorar la gestión del sistema sanitario público.

En cuanto a datos para la investigación científica la Generalitat dispone de varias fuentes de información disponible para los investigadores, entre ellas el SIDIAP, que ofrece datos a los investigadores del Instituto Sanitario Vall d’Hebron, la Universidad Politécnica o al Instituto Municipal de Investigaciones Médicas.

Pero el Proyecto Visc+ aporta una novedad muy importante que ninguno de los sistemas anteriores podía ofrecer: mientras que organismos como el SIDIAP establecen claramente que «no cede datos a entidades con ánimo de lucro», el Proyecto Visc+ tiene a la empresa privada como destinatario principal de los datos. Josep Mª Argimón, uno de los máximos responsables del proyecto lo explica con claridad:

«El proyecto Visc+ proporcionará valor aportando mayor capacidad para que las industrias sanitarias, las farmacéuticas y las biotecnológicas desarrollen su actividad» beneficiando al «tejido económico e industrial». Según Argimón la apuesta por hacer participar al sector privado en el proyecto Visc+ tiene como objetivo «la promoción y comercialización de los servicios que ofrece el proyecto».

Más claro no se puede decir.

De dónde sale esto?

Para valorar el peso que el sector privado tiene en el Proyecto Visc+ es útil ver cómo se gestó su nacimiento y quiénes son las personas y empresas implicadas.

Las primeras menciones a las oportunidades de negocio que ofrece la venta de la información médica de los ciudadanos las encontramos en varios documentos publicados por la Fundación TicSalut, un ente creado en 2006 por la Generalitat a instancias de la consejera Marina Geli (PSC). En enero de 2008 Geli dio entrada a la Fundación TicSalut (financiada con recursos públicos) al sector empresarial, creando el «Consejo de Empresas de la Fundación TicSalut». Entre las empresas miembros encontramos farmacéuticas (Baxter, Esteve, Roche), consultoras (Applus, PWC, Deloitte), tecnológicas (Telefónica, IBM, Indra) y proveedores varios (El Corte Inglés, Agfa, Linde Healthcare).

En el acto de presentación del «Consejo de Empresas» la consejera Marina Geli fue clara y dijo a los empresarios: «Nosotros los necesitamos a ustedes». Carles Fradera –adjunto de dirección del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Generalitat (CIDEM)– fue aún más claro que Geli: «Os aseguro que os saldrá a cuenta».

Desde entonces, la importancia del conglomerado industrial ha tomado una enorme relevancia en la Fundación TicSalut y es quien marca las líneas de actuación, tal y como reconoce el actual director de la fundación, Francisco Cuyàs:

«queremos que las empresas nos propongan introducir innovación tecnológica en el mercado «. Gracias a las propuestas del sector privado, Cuyàs explica que la fundación «ha identificado 5 tendencias a nivel internacional» y una de ellas es «la revolución del big data».

Y aquí es donde entran en juego los datos médicos de los 7 millones de usuarios de los servicios del CatSalut.

El big data

El big data es la capacidad de manipular informáticamente grandes volúmenes de datos con el objetivo de obtener información útil y relevante. En este sentido el proyecto Visc+ tiene dos objetivos fundamentales: centralizar toda la información médica del sistema de salud pública y como hemos visto ponerla a disposición de la industria sanitaria internacional, que lleva años presionando a los gobiernos para que liberen los datos los servicios públicos de salud. Una presión que en Cataluña hace años que lidera la consultora PWC, una de las cuatro grandes consultoras del mundo. En su informe «10 temas candentes de la sanidad 2013» PWC dedica especial atención a este tema:

«La liberación de estos datos y su reutilización permitirá generar grandes beneficios» como «identificar cuáles son los grupos de riesgo poblacionales con mayor precisión» lo que puede ser «una herramienta útil para el sector asegurador, ya que podrá ajustar las sus primas al riesgo de sus clientes y esto implica disponer de bases de datos poblacionales con información sobre las características personales, comportamientos, patrones de consumo y enfermedades de los individuos».

Pero PWC es consciente de que estos datos son muy delicadas: «los datos generados en el entorno de la sanidad suelen ser datos con información personal y privada, lo que dificulta su liberación ya que los datos de salud requieren generalmente el consentimiento del sujeto «. Por todo ello, el informe explica que «queda mucho por hacer ya que la confidencialidad y la protección de la privacidad parecen poner barreras al movimiento de allliberament de datos de salud». Y concluye:

«Pero el reto más difícil será convencer a todos los que actualmente se creen» dueños de los datos «, en clara referencia a las administraciones que custodian la información de los ciudadanos.

Uno de los empresarios colaboradores del TicSalut, Vicens Yeves lo establece con claridad: «Toda la información relativa a los pacientes ya está totalmente digitalizada, sólo falta la voluntad política para compartir esta información». El proyecto Visc+ es la expresión de esta voluntad política.

La puerta giratoria

El proyecto Visc+ parece hecho a medida de las recomendaciones de PWC y hace realidad las demandas de liberar al sector privado los datos más privados de los ciudadanos.

El proyecto Visc+ lo desarrolla la Agencia de Evaluación y Calidad Sanitarias (AQuAS). Este organismo de la Generalitat encargó a PWC el asesoramiento para llevar a cabo el proyecto. Se da la circunstancia de que el actual director de la división sanitaria de PWC (que elaboró ​​el informe recomendando la liberación de datos) es Joan Guanyabens, quien llegó al cargo directamente del AQuAS, de la que era máximo responsable. Así Guanyabens pasa de «propietario de los datos» a trabajar para «convencer a quien se cree propietario de los datos»

Operación en marcha

El informe de PWC pidiendo la publicación de datos se hizo público en abril de 2013. Dos meses después el Gobierno aprobaba el proyecto Visc+. La aprobación llegaba después de que el AQuAS hiciera un «contraste de la idea inicial con los clientes potenciales». Una vez estos «clientes potenciales» hubieron dicho su opinión, el AQuAS procedió a  «explicar el proyecto a los agentes claves del Gobierno». Esta sucesión de hechos nos indica que más que de una demanda del Gobierno al sector privado, estamos ante un plan del sector privado -claramente descrito por PWC- que luego se comunica al Gobierno. Este proceso queda totalmente en evidencia cuando miramos el proceso de creación del proyecto.

Diálogo competitivo?

Normalmente, cuando una administración pública debe satisfacer una necesidad lo primero que hace es establecer cuál es la necesidad para luego convocar a las empresas del sector privado que pueden ofrecer el producto o servicio que necesita la administración a través de un concurso público donde las empresas hacen sus ofertas. Pero el caso del Visc+ es diferente. Según el director del AQuAS, Josep Mª Argimon:

«Las inversiones [para llevar a cabo el proyecto Visc+] son difíciles de cuantificar» y por ello se convoca a un ‘diálogo competitivo’ entre empresas del sector para decidir cómo se debe llevar a cabo el proyecto».

El «diálogo competitivo» es una herramienta de contratación utilizada cuando la administración tiene una necesidad concreta pero no puede establecer por sí mismo de qué manera debe satisfacerla. ¿Cuál es la necesidad concreta en este caso? Los promotores del Visc+ presentan dos necesidades: el tratamiento de datos para gestionar mejor el sistema público y la «generación de productos y servicios» para las empresas.

Con estos dos objetivos  el AQuAS convoca a nueve empresas a un «diálogo competitivo» para diseñar y poner en marcha el Visc+. Quién recomendó al AQuAS utilizar los ‘diálogos competitivos’ para hacer la contratación fue PWC. ¿Cuál es entonces la «necesidad» del Gobierno para impulsar el proyecto Visc+, más allá de las vaguedades de «mejora del servicio» y «sostenibilidad del sistema»?

La industria en el frente del barco

En el pliego de condiciones hecho por el AQuAS a instancias de PWC se explica que el objetivo es centralizar los datos médicos del sistema público para «mejorar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema sanitario». Pero advierte: «No tenemos dinero» y por ello «necesitamos al sector privado» para hacer frente a los 25 millones de euros que se calcula que puede costar la operación. Como es comprensible, una inversión de esta envergadura no se hace si no hay una perspectiva de beneficio clara. Por eso el AQuAS establece que el Visc+ debe contemplar «la creación de un catálogo de servicios». Unos servicios que el Visc+ quiere poner a la venta al sector privado internacional, como explica Argimón:

«Los retos del proyecto Visc+ son disponer de un catálogo de servicios orientado a las necesidades del mercado, tener la capacidad de promover la demanda y atraer clientes y encontrar un partner solvente con capacidad de comercialización a nivel internacional con un plan de negocio creíble».

Es decir: alguien capaz de construir un negocio basado en los datos de los ciudadanos.

Las empresas

Si miramos las 9 empresas seleccionadas para participar en los llamados «diálogos competitivos» es fácil imaginar el tipo de «servicios» que pueden suministrar. Destaca la empresa IMS Health especializada en «captar datos de pacientes provenientes de proveedores de servicios sanitarios que poseen historias clínicas y documentación sanitaria». El negocio de IMS Health es «transformar los datos en información útil para medir el mercado, descubrir los comportamientos de los pacientes y los médicos, ayudar a identificar al paciente correcto para hacer la correcta promoción de productos». Para ello «IMS Health trabaja con información de registros de pacientes de proveedores sanitarios, compañías farmacéuticas y gobiernos». IMS Health –implicada en varios escándalos en todo el mundo por su uso de datos sanitarios (ver recuadro)– tiene entre sus clientes a casi todas las compañías farmacéuticas del mundo. Según una investigación de Open Secrets IMS Health dedicó, sólo en los EEUU, cerca de 3 millones de dólares para hacer lobby a los miembros del Senado ya entidades reguladoras de privacidad de datos.

El resto de las empresas que diseñan el Proyecto Visc+ son las consultoras PWC, Deloite (con gran presencia de ex altos cargos públicos, como David Madí o Jordi Sevilla, máximos hombres de confianza de Artur Mas y Zapatero respectivamente), Atos, Everis y McKinsey. Encontramos también a las tecnológicas Accenture, T-Systems, HP y ECISA, filial de El Corte Inglés.

¿Qué harán con nuestros datos?

Una vez hemos visto la génesis del Proyecto Visc+ y los intereses que intervienen, habrá que seguir con mucha atención qué pasará con nuestros datos médicas.

Por eso hacemos un repaso a diversas cuestiones técnicas que intervienen en este proceso. También hacemos una mirada a la fuerte polémica que provocó un proyecto similar al Visc+ que se intentó imponer en el Reino Unido. Por último, hacemos una mirada a la trayectoria de las empresas implicadas en el proyecto, con el fin de ver el ecosistema en el que se moverán nuestros datos más íntimas si este proyecto sigue adelante.

La idea es dar claves para abrir un debate que en Cataluña está pasando desapercibido, entre otras cosas, por la poca información con que se desarrolla este proyecto en nuestro país. El artículo de Isabel Vallet debería ser el primer escalón de un debate muy abierto y muy profundo. El tema lo merece. El Gobierno está a punto de poner a la venta los datos médicos de 7 millones de personas en Cataluña.

Quién verá mis datos y qué podrá hacer?

Uno de los objetivos del Proyecto Visc+ es generar negocio a partir de los datos de los usuarios del servicio público de salud. Esto abre interrogantes enormes sobre el uso que se dará a dichos datos. En Inglaterra este tema ha generado una fuerte polémica. En Cataluña el silencio y la opacidad es enorme.

La inversión que deberán hacer las empresas que colaboran con el Gobierno para desarrollar el Proyecto Visc+ está alrededor de los 25 millones de euros. Esto quiere decir que las expectativas de negocio deben ser muy elevadas para justificar una inversión de esta magnitud.

Dado que todo el negocio se basa en los datos médicos de los ciudadanos, la primera pregunta que hay que responder es a quién pertenecen estos datos. El debate en este sentido es amplio, con 3 posturas diferentes: 1) Son propiedad del paciente. 2) Son propiedad del médico. 3) Son propiedad del centro. Por eso el psiquiatra Juan Antomás, del Hospital de Navarra cree que hay que hablar del «derecho al acceso a los datos». En este sentido, la ley reconoce el derecho a «la confidencialidad de toda información relacionada con su estancia en instituciones sanitarias públicas».

Ante este hecho, el impulsores del Proyecto Visc+ aseguran que la intimidad de los pacientes «está protegida» ya que los datos estarán «anonimizadas». La anonimización es la capacidad de utilizar los datos de los individuos sin que éstos puedan ser identificados. Así, los datos utilizados por los investigadores contienen los datos médicos de muchas personas pero no tienen ni los nombres, ni los números de identificación, ni las direcciones. Además, los impulsores del Proyecto Visc+ Perlen –aunque de manera muy imprecisa– de un «código ético» que debería regular la cesión de datos a empresas e industrias.

Pero el tema es más complejo. A principios de este año el gobierno de David Cameron tuvo que afrontar una enorme polémica cuando el servicio nacional de salud inglés (NHS) intentó poner en marcha un proyecto similar en Visc+. Fruto de aquel debate, quedaron claras algunas cosas a tener en cuenta. En primer lugar, efectivamente existen procesos de anonimización de los datos, pero existe también la des-anonimización, un proceso que, mediante diversas técnicas informáticas puede cruzar información hasta poder re-identificar a las personas y relacionarlas con su información médica personal . Una posibilidad real que incluso acabó siendo reconocida por el directivo del NHS, Mark Davies, quien admitió que, efectivamente hay un «pequeño riesgo» de que los pacientes sean identificados ya que las compañías de seguros, los hospitales privados y las compañías farmacéuticas podían cruzar los datos del NHS con sus propias:

«Se puede re-identificar a la gente si tienes muchos datos. Esto dependerá de cómo utilicen los datos una vez que las tengan»

En este sentido el sistema inglés tiene desde el principio un observatorio de privacidad donde participan varias asociaciones independientes que vigilan quién tiene acceso a los datos y en qué condiciones. Sin embargo, las críticas han sido enormes. La periodista Asher Wolf, especialista en tecnología, advertía a un artículo publicado en la revista Wired:

«El punto central del problema es que no tenemos capacidad de saber con exactitud quién tiene nuestros datos y para qué las usa y aunque el NHS haga firmar contratos a las empresas que compran datos no hay una manera real de que el NHS pueda saber si un comprador aplica técnicas de des-anonimización. ¿Cómo podría saberlo? «.

Phil Booth, miembro de la asociación de pacientes MedConfidential pone el dedo en la llaga y parece describir el proyecto Visc+ sin conocerlo:

«Los responsables quieren que creamos que el objetivo es mejorar el sistema y la investigación, pero los usos puramente comerciales no paran de crecer».

En este sentido, el experto en bioética y fundador de EthicsandGenetics, Edward Hockings, afirma que

«Cuando la comercialización es la fuerza motora nos encontramos en un terreno sin referencias»

Hockings es una de las caras visibles de la intensa campaña para advertir a los ciudadanos del peligro de no ejercer el derecho de borrarse del plan.

La revista científica Nature publicó un duro editorial criticando como el gobierno inglés «falla a la hora de informar sobre la amenaza real y las posibles consecuencias del programa» y señala que el problema es que el gobierno no facilitar a los ciudadanos el opción de no participar en el programa.

En el caso del proyecto Visc+ ninguno de los documentos publicados por el gobierno o por los impulsores del proyecto recoge ninguna mención sobre la posibilidad de los ciudadanos de no dar consentimiento a que sus datos sean vendidas. Lo que si encontramos, al pliego de condiciones de los «diálogos competitivos», es la demanda a las empresas adjudicatarias de «disponer de una gran capacidad de promoción para dar a conocer las bondades de esta iniciativa». Y aquí entran los medios de comunicación, los tertulianos y todo el entramado mediático para conseguir la aceptación de la ciudadanía: «Se valorará el uso de medios de comunicación» y la capacidad «para involucrar personalidades relevantes para los objetivos del proyecto» . El documento, sin embargo, no hace ninguna referencia a la necesidad de explicar los riesgos a la población. Y los riesgos no son sólo teóricos o residuales.

La investigadora Latanya Sweeney de la Universidad de Harvard logró re-identificar un 90,5% de los participantes en un proyecto de investigación genómica. En base a esta experiencia Sweeney desarrolló un sistema que permite identificar al 87% de la población de los Estados Unidos sólo sabiendo su dato de nacimiento, su género y su código postal.

Los estudios de Sweeney han dejado claro que la anonimización que se puede conseguir con medios técnicos nunca es totalmente segura e insiste en que toda publicación de datos debe estar acompañada de medidas complementarias, como la elaboración de entornos contractuales, el seguimiento por parte de los dueños de la información y «leyes y políticas muy claras».

En este sentido, el Proyecto Visc+ presenta una total falta de concreción a la hora de explicar qué políticas y leyes regirán un cambio tan enorme en el tratamiento de los datos más sensibles de los ciudadanos. Aunque el proyecto ya está prácticamente terminado, no se conocen modificaciones legales, no ha habido debate público y las oportunidad de participación social han sido nulas. Así, mientras las empresas han participado desde el principio, modelando y diseñando el proyecto, los ciudadanos y los profesionales de la sanidad han sido totalmente ignorados en todo el proceso. Por todo ello, con la información disponible, es difícil saber quién verá los datos, para qué se utilizarán y, sobre todo, qué control tendremos los ciudadanos sobre su uso.

Durante la elaboración de esta información hemos intentado ponernos en contacto con los responsables del proyecto Visc+ y los CatSalut pero ha sido imposible hablar con ninguno de ellos.

Las empresas implicadas en Visc+

El procedimiento del «diálogo competitivo» elegido por el Gobierno para llevar a cabo el Proyecto Visc+ hace que las empresas jueguen un papel fundamental no sólo como proveedores sino como desarrolladores del sistema que permitirá vender los datos médicos.

PriceWaterHouseCoopers (PWC) y Deloitte

PWC y Deloitte participan en el proyecto Visc+ y son dos de las cuatro consultoras más grandes del mundo. Sus informes y «recomendaciones» tienen una enorme influencia en muchos gobiernos a la hora de tomar decisiones y se caracterizan por una postura política y económica totalmente favorable a los intereses de la banca y las multinacionales. Una influencia que mantienen a pesar de los enormes riesgos que han protagonizado:. PWC auditaba las empresas de Diaz Ferran y no supo ver lo que finalmente fue un agujero de 552M €. Deloitte participó en la salida a bolsa de Bankia que acabó con millones de euros perdidos y la ruina de miles de personas atrapadas por las preferentes. Las investigaciones posteriores han detectado «infracciones muy graves» a los trabajos de Deloitte. Son sólo 2 ejemplos entre muchos. Como muchos son los casos de puertas giratorias entre los cargos públicos y PWC y Deloitte: Jaume Matas (PP), Joaquim Triadú y David Madí, Ramon Bonastre (CiU), Jordi Sevilla (PSOE). Como hemos visto, a PWC encontramos a Joan Guanyabens, que pasó del AQuAS al PWC que asesora al AQuAS.

IMS Health

Esta empresa es una de las 5 más importantes en su sector a nivel mundial y fundamenta su negocio en la venta de datos médicos en la industria farmacéutica. Dispone de los datos de 400 millones de pacientes lo que le permite «tener acceso a los pacientes correctos». IMS Health ha visto implicada en varios escándalos en relación a la seguridad de los datos en venta. En 2013 en Alemania el semanario Der Spiegel informó de la extracción de datos de las recetas electrónicas.

Un hecho que fue calificado por Thilo Weichert -del Centro Independiente para la Protección de la Privacidad- como «uno de los más graves escándalos desde la posguerra».

El ministro de sanidad alemán Daniel Bahr pidió una investigación a la vez que el escándalo se trasladaba a la vecina Austria donde se descubrió que IMS Health compraba información a una red de 350 médicos. Una de las mayores preocupaciones de la compañía explica su folleto de salida a bolsa- son las leyes de protección de datos de los estados.

Por ello, con la intención de presionar al marco regulador, IMS Health ha invertido en los últimos 10 años cerca de 3 millones de dólares para financiar grupos de presión en Estados Unidos. En Europa IMS Health es muy activo en el ámbito de la legislación de privacidad y mantiene equipos que monitorizan los movimientos legislativos y emiten informes y peticiones al Parlamento.

T-Systems

Esta empresa es una de las principales proveedoras de tecnología de la Generalitat de Cataluña, sobre todo después del proceso de privatización de los servicios informáticos. En concreto, T-System y Telefónica ganaron el 2012 contratos por valor de 1.062M € incluidos los servicios de gestión informática de gran parte del sistema sanitario catalán.

Everis

Esta empresa consultora tiene entre sus principales clientes a las más importantes empresas farmacéuticas. Al igual que las otras consultoras, Everis apuesta por la política de puertas giratorias: Eduardo Serra (ex-ministro de defensa del PP), Eugenio Galdón (ex jefe de gabinete de Felipe Gonzalez y director del Grupo Prisa y Cadena COPE) o la ex-ministra del PSOE Cristina Garmendia han aportado sus conocimientos a Everis.

Wellpoint

Wellpoint es una compañía aseguradora estadounidense que tanto los documentos de la Fundación TicSalut como el informe sobre sanidad de PWC se pone como referente en cuanto al negocio de los datos sanitarios. El problema es que el historial de Wellpoint en este ámbito está lejos de ser ejemplar. El año 2013 Wellpoint tuvo que pagar al Departamento de Salud de Estados Unidos una multa de 1,7 millones de dólares por haber permitido la exposición de las historias clínicas de más de 600.000 personas. No era la primera vez. En 2011 Wellpoint fue multado con 100.000 dólares por haber dejado expuesta la información médica de 32.000 pacientes.